Article publicat a: El País
Data de la publicació: 10 de Setembre de 2013

Existe una profunda demanda política compartida entre la mayoría de la ciudadanía catalana: el deseo democrático de reiniciar las relaciones Catalunya-España. Tras la laminación del Estatut del 2006, por parte del Tribunal Constitucional, el actual statu quo no es ni suficiente, ni deseado, ni esperanzador. Esta es la cuestión central.

Los socialdemócratas catalanes (y los españoles) tenemos un papel central en el reto de encontrar una solución a este problema. Hasta el momento hemos formulado propuestas para que, mediante la reforma de la Constitución, pueda avanzarse hacia un Estado federal. Pero esas propuestas no parecen suficientes –aunque sean avances significativos-, ni tan siquiera posibles a corto plazo. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Esperar que la historia nos dé a razón o proponer una real y potente tercera vía con capacidad de ofrecer un discurso nacional con vocación mayoritaria?

Sigo pensando que una relación bilateral más exigente, contractual, que permita a Catalunya desarrollarse y mejorar su autogobierno es posible, incluso aunque para ello España no decida modernizarse ni transformarse en un auténtico modelo federal, que sería lo deseable. Pero mientras el federalismo no crezca y seduzca (y para ello son necesarias las dos partes y tiempo), tiene que emerger ahora y aquí una atractiva (por inclusiva y ambiciosa) solución bilateral.

Tal y como están hoy las relaciones Catalunya-España, la consulta es sinónimo de autodeterminación. En estas circunstancias, parece que para quien defienda una tercera vía entre el statu quo y la fractura, sólo hay estas opciones: que gane el no o que haya más preguntas. O que, si una cosa u otra no son posibles, no se produzca la consulta. Permítanme que añada la verdaderamente determinante para mí: que se decida votar sí (o no), dependiendo de la oferta del ‘no’. Es decir, que si el ‘no’ es para quedarnos como estamos o para no resolver realmente los problemas existentes, entonces no quedaría para muchos ciudadanos otra alternativa que la respuesta afirmativa. Este es el reto. No nos tapemos los ojos.

No sería aceptable que, frente a la incapacidad de cambiar el statu quo pueda subyacer la estrategia de que fracase la consulta o bien por su impedimento o por su adulteración, para así acusar al liderazgo político y parlamentario actual de fracaso histórico, aunque éste contribuya a ello con su instrumentalización. Y así, esperar que se produzca un movimiento pendular hacia las posiciones no soberanistas. Es decir, ofrecer un proyecto político nacional desde los restos de la frustración y de la resignación. El éxito de este proyecto nunca sería posible. Sucumbiría a él, por cómplice necesario, que no es lo mismo.

El derecho a decidir es el verdadero punto de encuentro. Se equivocarán quienes crean que la consulta es sinónimo exclusivamente de independencia, porque con ello, la consulta será mucho más frágil y más difícil de conseguir. Se equivocará aquél que piense que puede renunciar a la consulta y sustituirlo por unas elecciones plebiscitarias, por intereses políticos personales en un intento de recuperar las viejas formas de hacer política y con ello su antiguo electorado. Pero también se equivocarán quienes crean poder “ganar” con el “no”, obviando que ese “no” sumaría opciones bien distintas (recentralización, statu quo, federalismo o incluso confederalismo), y por lo tanto ni significaría una victoria ni garantizaría en ningún caso una solución inmediata a los problemas.

Por ello, y porque no comparto hoy el proyecto independentista, no uniré mis manos con las de los millares de conciudadanos que participarán en la Via Catalana. No lo haré tampoco, porque no me siento acogida por la actitud no inclusiva de parte de sus organizadores, pero aplaudiré democráticamente la energía cívica y las movilizaciones planteadas, porque creo que ayudarán a desbloquear y evidenciar las dificultades a las que nos enfrentamos los partidarios del derecho a decidir. El día 12, tendremos todos mucho trabajo.

No debemos olvidarlo: Catalunya no es patrimonio de una opción política. Nuestra pluralidad y unidad civil son más importantes para la nación que cualquier proyecto político, también la independencia. Como tampoco es patrimonio –ni instrumento- de algunos el derecho a decidir, ni nadie puede renunciar a él, secuestrarlo o negarlo para un determinado proyecto político.

Se impone un reiniciar claro y decidido. O en caso contrario, habrá que aceptar que iniciar es la única opción que tendrá la ciudadanía porque no supimos, quisimos o pudimos hacer otra cosa.


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