Laia Bonet, Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSC

En medio de la encrucijada de la crisis social, económica, democrática, existe también una crisis nacional: insatisfacción mayoritaria con la situación actual de las relaciones entre Catalunya i España y rechazo al statu quo des de la sentencia del Estatut, con la que no sólo se recortaron las aspiraciones de mejora del autogobierno sino que se rompió el pacto constituyente.

En esta situación, cada fuerza política plantea legítimamente su respuesta a la situación: su proyecto. Pero si algún punto de coincidencia han ofrecido la pasadas elecciones es entorno a cómo plantear las soluciones: el 80 % de la cámara parlamentaria actual defendió en su programa electoral que la solución a esta crisis nacional debía partir de una acción: escuchar antes la opinión de los ciudadanos. Es el derecho a decidir.

Tres pueden ser las claves que, a mi juicio, pueden ayudarnos a recuperar la seguridad y la confianza que empieza a desdibujarse respecto a si la política catalana, en su conjunto, sabe a dónde va.

Modestia. El President Artur Mas está haciendo una lectura simple de los resultados electorales. Confunde la mayoría parlamentaria con mayoría social. Tiene legitimidad pero la puede perder si no es capaz de actuar como President de todos, en lugar de ser prisionero de su acuerdo de investidura. El preocupante planteamiento inicial de la Declaració de Sobirania no es simplemente un error, es el síntoma de un equívoco democrático grave. No buscaba una consulta, buscaba una aclamación a un determinado proyecto político. La primera opción era democrática, la segunda no lo es. Grave.

Generosidad. El PSC afirma que no está para ayudar a Artur Mas a salir del lío en el que estamos metidos. Pero el lío, lo tiene Catalunya. Y los socialistas catalanes no podemos renunciar a ser útiles, efectivos y prácticos en servir a los intereses de Catalunya y sus ciudadanos. Por ello, debería desvincularse la defensa del derecho a decidir de la de cada uno de los legítimos proyectos de cada fuerza política: la independencia (identificada patrimonialmente y exclusivamente por sus mismos defensores con el término soberanía), el federalismo, o el confederalismo.

Inteligencia. La “Llei de consultes populars per via de referèndum” de 2010, aprobada y en vigor, puede contener la llave para salir del atolladero en el que nos encontramos. Nadie puede discutir que la Generalitat de Catalunya, en el ámbito de sus competencias, incluso de sus funciones, pueda consultar a la ciudadanía para iniciar, con más fuerza y legitimidad, un proceso de renegociación competencial, de pacto fiscal o de relación con el Estado. Necesitamos articular un proceso de nuevo statu quo (mejora, evolución o cambio, según sea cada proyecto político) pero no podremos conseguirlo ignorando el amplio marco legal en el que vivimos ni unilateralmente. Sin legalidad y sin negociación. Por ello, empezar este camino con la fuerza de la consulta nos dará más legitimidad democrática. Razones y votos. Esta Ley, aunque sea de otro gobierno, puede ser muy útil si sabemos explorar, con inteligencia, sus posibilidades. No seamos adanistas. Tenemos ya un buen instrumento.