Los ciudadanos reprochan a los diputados que atiendan más a sus partidos que a los electores

José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en el 2004 empujado por una marea que gritaba: «No nos falles». El crecimiento de la desafección política, cuyo último efecto ha sido el movimiento de indignación nacido el 15-M, ha demostrado que los electos siguen sin cumplir con los electores. Por eso, resulta significativo que, reunidos en una sala cinco diputados y cinco ciudadanos de a pie, el primer ruego de los representados a sus representantes siga siendo el mismo. «Escuchadnos. No nos falléis». Lo pide Cristina Rigabert, una funcionaria interina que recuerda a los políticos a quién se deben: «De alguna forma, somos vuestros jefes porque la soberanía es del pueblo. Estáis sirviendo al país». Una obviedad que, al tener que recordarla, evidencia que algo no funciona. Así empieza el tercer debate organizado por EL PERIÓDICO sobre la reforma de la ley electoral, un cara a cara entre diputados de los cinco principales partidos catalanes y electores de distintos perfiles y edades.

La falta de representatividad es la queja más repetida. Pronto se perciben los dos factores que explican la desafección: el alejamiento entre diputado y elector y la dependencia de los aparatos de los partidos. «Me aburro con la política parlamentaria», confiesa abiertamente Antoni Ayza, director del centro cívico Les Cotxeres de Sants. Atribuye su hastío a la «obediencia» que profesan los políticos a sus respectivas cúpulas, algo que convierte en previsibles los mensajes y los debates.

RENDIR CUENTAS / En la misma línea se pronuncian dos representantes del 15-M, Elisenda Ariza y Enric Leira. «Los diputados rinden cuentas con su partido, pero no con el electorado», lamenta Ariza. Su tono es autocrítico, pues sostiene que los políticos «son reflejo de la sociedad», y que los ciudadanos se han mantenido pasivos durante mucho tiempo. «Si el diputado estuviese más cerca del ciudadano, atendería mejor a sus intereses», diagnostica Leira. Ayza apunta como ejemplo que un vecino de Barcelona desconoce a su concejal de distrito porque solo elige al alcalde. Nacho Corredor, estudiante de Ciencias Políticas, alerta de que «la ley electoral no será la panacea. Los comportamientos no se cambian automáticamente».

Demostrar ese cambio de actitud es el primer examen que les ponen a los cinco diputados. Lejos del álgebra del reparto de escaños y el tamaño de las circunscripciones, los ciudadanos solicitan primero honestidad, transparencia y austeridad.

Lluís Corominas (CiU) comparte la tesis de que la ley electoral solo combatirá una parte de la desafección. El resto está en manos de los partidos y de la ciudadanía. «Hace falta mucha pedagogía por parte de todos para recuperar la proximidad». El convergente defiende que Catalunya debe tener su propio modelo electoral y no copiar sistemas de otros países, como Alemania o Estados Unidos. «EEUU se ha convertido en un sistema de lobis», afirma. Ayza le recuerda que «en Catalunya también hay lobis» y apuesta por un registro público para controlar su actividad. Laia Bonet (PSC) considera «ineludible» el reto de la ley electoral catalana, que los grupos volverán a intentar a principios del 2012, pero

avisa de que la proximidad no puede dinamitar la proporcionalidad.

RESULTADOS ANÓMALOS / Corominas insiste en que el problema a resolver es la proximidad, puesto que la proporcionalidad del modelo actual es del 96%. Sin embargo, José Antonio Coto (PPC) recuerda que, pese a ello, el sistema da lugar a la «anomalía» de que un partido pueda ganar las elecciones en votos pero perderlas en escaños, como el PSC en 1999.

Jaume Bosch (ICV-EUiA) también replica a Corominas con un dato: CiU obtuvo en las autonómicas el 38% de los votos y dispone, en cambio, del 46% de los escaños. Tanto el ecosocialista como Anna Simó (ERC) inciden en algunas propuestas que llaman la atención de los ciudadanos: primarias obligatorias, más referendos y consultas populares, reducción del gasto electoral, voto para mayores de 16 años e inmigrantes, paridad, limitación de donaciones anónimas a partidos… La representante republicana, la que más claramente reniega del modelo alemán, pide una ley «sencilla de entender y con efectos prácticos».

TEMOR AL BIPARTIDISMO / El respeto al pluralismo preocupa a varios invitados, que temen una reforma en clave bipartidista. Corredor y Coto recelan de que CiU y PSC hayan empezado a negociar al margen del resto, pero Corominas y Bonet se comprometen a no aprobar la ley solo con sus 90 votos, justo la cifra mínima necesaria para su aprobación.

Tras escuchar a los diputados, Ayza ve difícil el acuerdo «si no se supera el partidismo», ya que cada grupo «barre para casa». No obstante Bosch y Corominas recuerdan que los cinco partidos comparten el 80% de la norma (casi todo lo que no es propiamente el modelo electoral).

LA BARRERA DEL 3% / Leira plantea la eliminación de la barrera mínima del 3% de votos para acceder al Parlament, idea que no gusta a los diputados. Coto pone como ejemplo a Italia, cuya fragmentación política ha generado numerosos episodios de ingobernabilidad. Los políticos también rechazan las listas abiertas y prefieren, en todo caso, desbloquearlas. Corominas y Bosch proponen que el elector ordene a sus candidatos preferentes de un mismo partido. Coto y Simó alertan de que abrir las listas discriminaría a los dipu-

tados con menos recursos y desequilibraría las campañas electorales.

Pero el debate más intenso se produce a cuenta de la etiqueta de acomodados que acompaña a los políticos. Leira reclama que se regule el trabajo de los diputados para que los electores puedan repasar su hoja de servicios. Bosch es el primero que rompe una lanza a favor del oficio: «Ser diputado no es solo pulsar un botón», dice, y recuerda las reuniones que se mantienen con entidades y vecinos fuera del Parlament.

FORJAR CONSENSOS / Los reproches por la disciplina de voto también son constantes. Bonet y Simó aseguran que los grupos parlamentarios se reúnen periódicamente para consensuar una posición común sobre las distintas iniciativas. «La solución no es que cada uno haga lo que quiera. El debate y la discusión sirven para forjar consensos», afirma Bonet. «La libertad de voto mata la posibilidad de acuerdo», añade Simó.

Finalizado el debate tras un recado de los políticos a los medios de comunicación «porque el consenso no es tan noticia como la confrontación», los ciudadanos advierten de que vigilarán que los diputados cumplan sus buenas palabras.

JOSE RICO / RAFA JULVE

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